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Según la ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica) “el Congreso ratifica la vulneración de la seguridad jurídica del país”, lamentando la decisión de haber convalidado el Real Decreto-Ley 14/2010.
Esta es una norma con disposiciones retroactivas y muy perjudiciales para el sector fotovoltaico español, y fue aprobada por los diputados en la semana.