Lo dicen la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que aseguran que las medidas avanzadas a las asociaciones fotovoltaicas por el ministerio de Miguel Sebastián “contradicen los compromisos gubernamentales de apoyo a las energías renovables” y van a traducirse en pérdidas de inversión por valor de 4.000 millones de euros.
“Las empresas afrontan pérdidas por 450 millones de euros y el sector pierde inversiones cercanas a los 4.000 millones”. El mensaje no puede ser más explícito: la industria solar fotovoltaica española, aseguran APPA y ASIF en un comunicado conjunto hecho público hace un par de horas, “no podrá mantener su liderazgo mundial”.
Según APPA y ASIF, la Secretaría General de Energía ha transmitido a las asociaciones empresariales del sector fotovoltaico español una serie de propuestas que, de materializarse en un Real Decreto, abocarían a la práctica paralización del sector. Con esas propuestas, añaden, “quedan en entredicho los compromisos del Gobierno socialista de apoyo al sector de las energías renovables”.
APPA y ASIF, señala el comunicado, “conscientes de que la fotovoltaica atraviesa un período especial y que debe volver a crecer de un modo sostenible y sostenido”, han presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) una “propuesta de mínimos” para permitir la continuidad del sector fotovoltaico nacional, amenazado por la caducidad, el próximo mes de septiembre, del régimen retributivo del Real Decreto 661/2007.
Las dos asociaciones, que desde hace meses vienen manteniendo reuniones con el MITyC, plantean “moderar el crecimiento actual del sector y situar el objetivo de potencia a instalar a partir del próximo mes de septiembre en un mínimo de 600 MW, frente a los 1.000 MW que se van a instalar entre enero y septiembre de este año, según los datos de la Comisión Nacional de Energía”.
Ese volumen mínimo –repartido entre 480 MW para nuevas instalaciones y 120 MW para acoger a las que, en construcción, no consigan acogerse al régimen del RD 661/07– ya implica, aseguran ambas asociaciones, un “fortísimo ajuste”, pero mantendría un “nivel básico de inversión, capaz de poner en valor las infraestructuras industriales ya comprometidas y en ejecución, y de no perder miles de puestos de trabajo altamente cualificados”.