Si bien no es del todo como los productores de energía solar pretendían que fuese, el nuevo Real Decreto que regula la energía solar en España parece haber cedido un poco en comparación con lo que se había hablado hace un tiempo.

Fue el Consejo de Ministros que aprobó hace menos de una semana el Real Decreto que amplía la potencia y las primas de producción de esta energía estableciendo como máximo un límite de 400 MW nuevos al año (lo que son 100 MW más de lo que se habría previsto en un principio) de igual manera establece una prima de 0,32 euros por Kilovatio-hora lo que significa un poco más de los 0,29 que se manejaban en un principio de las negociaciones.

La nueva normativa añadiría nuevos cupos adicionales en el próximo año 2009 con la finalidad de hacer más ágil la transición del nuevo modelo energético. La actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió que el “espectacular” avance sufrido por esta limpia y renovable fuente de energía en España hacía necesario el tener que estudiar a fondo la evolución de los mercado y adecuar la regulación a la situación actual, manteniendo de esta manera una inversión pública “razonable”. (Leer mas..)

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Lo dicen la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que aseguran que las medidas avanzadas a las asociaciones fotovoltaicas por el ministerio de Miguel Sebastián “contradicen los compromisos gubernamentales de apoyo a las energías renovables” y van a traducirse en pérdidas de inversión por valor de 4.000 millones de euros.

“Las empresas afrontan pérdidas por 450 millones de euros y el sector pierde inversiones cercanas a los 4.000 millones”. El mensaje no puede ser más explícito: la industria solar fotovoltaica española, aseguran APPA y ASIF en un comunicado conjunto hecho público hace un par de horas, “no podrá mantener su liderazgo mundial”.

Según APPA y ASIF, la Secretaría General de Energía ha transmitido a las asociaciones empresariales del sector fotovoltaico español una serie de propuestas que, de materializarse en un Real Decreto, abocarían a la práctica paralización del sector. Con esas propuestas, añaden, “quedan en entredicho los compromisos del Gobierno socialista de apoyo al sector de las energías renovables”.

APPA y ASIF, señala el comunicado, “conscientes de que la fotovoltaica atraviesa un período especial y que debe volver a crecer de un modo sostenible y sostenido”, han presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) una “propuesta de mínimos” para permitir la continuidad del sector fotovoltaico nacional, amenazado por la caducidad, el próximo mes de septiembre, del régimen retributivo del Real Decreto 661/2007.

Las dos asociaciones, que desde hace meses vienen manteniendo reuniones con el MITyC, plantean “moderar el crecimiento actual del sector y situar el objetivo de potencia a instalar a partir del próximo mes de septiembre en un mínimo de 600 MW, frente a los 1.000 MW que se van a instalar entre enero y septiembre de este año, según los datos de la Comisión Nacional de Energía”.

Ese volumen mínimo –repartido entre 480 MW para nuevas instalaciones y 120 MW para acoger a las que, en construcción, no consigan acogerse al régimen del RD 661/07– ya implica, aseguran ambas asociaciones, un “fortísimo ajuste”, pero mantendría un “nivel básico de inversión, capaz de poner en valor las infraestructuras industriales ya comprometidas y en ejecución, y de no perder miles de puestos de trabajo altamente cualificados”.

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