La organización WWF señala que las emisiones de CO2 contaminante del sector eléctrico se han reducido un 24% en el primer trimestre de 2009. Esto es gracias a una menor demanda energética, asi como también la mayor participación de la energía renovable orientada al consumo.

Es un dato igualmente gratificante el saber que el sistema energético español es en promedio, cerca de un 60% menos contaminante que la media de toda la comunidad europea en los aspectos energéticos.

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La captura de CO2 es una de las técnicas que permitiría reducir las emisiones de este gas a la atmósfera, mitigando así el cambio climático. Actualmente la mayoría de los grandes emisores de CO2, como refinerías o centrales térmicas, no capturan sus emisiones de CO2, y este es un tema cada día de mayor preocupación.

La tecnología disponible en estos momentos para este fin son procesos de absorción con disolventes líquidos. Estos sistemas son, sin embargo, poco eficientes desde el punto de vista económico, por lo que la mayoría de las empresas no los ven ni siquiera como positilidad, y además conllevan la emisión a la atmósfera de una parte del disolvente líquido, igualmente contaminante, aunque en una medida mucho menor.

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Lo más grave es que las bolsas de plástico, fabricadas fundamentalmente a partir de petróleo y gas, tienen una vida estimada de 1.000 años, antes de romperse en pequeñas partículas tóxicas. Así, la invasión de esta basura presenta una alarmante senda de acumulación hacia el futuro: de acuerdo con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, en la actualidad se producen en el mundo entre 500.000 millones y un billón de bolsas de plástico por año.

Algunos dirán que es un lujo que únicamente pueden darse las naciones ricas, ignorando que muchos países en desarrollo están dando la batalla, como Bangladesh, China, Kenia, Suráfrica y Tailandia. En China se prohibió la manufactura, venta y uso de bolsas plásticas con un espesor menor a 0,00098 pulgadas -o las típicas bolsas de mercado-, así como el suministro gratis de aquellas de mayor espesor. La regulación, expedida el pasado 31 de diciembre, exhorta a los ciudadanos para que “retornen a las bolsas de tela y los canastos para mercar”.

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En medio de la profundización de las protestas por la aparición de manchas en el Río Uruguay y olores vinculados a la papelera de Botnia, el Gobierno convocó para el próximo jueves 5 de marzo en Buenos Aires a una delegación de asambleístas de Gualeguaychú para analizar la situación local y los pasos a seguir.

Según se supo en medios de prensa, los asambleístas estarían dispuestos a negociar con el Gobierno para evaluar liberar la ruta 136, a cambio de la concesión de una abultada batería de reclamos.

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La falta de depuración de aguas residuales y la consiguiente carga contaminante de origen urbano que llega al mar sigue siendo uno de los “problemas ambientales más importantes” a los que hacer frente en Andalucía. Según el informe de la Consejería de Medio Ambiente de 2007, el nivel de vertidos urbanos en el litoral incrementó a lo largo de 2006 en un 26%, pero, lo que es más grave, un 35% de ellos carecían de autorización. De las 588.866 de unidades de contaminación -toneladas al año de sólidos en sus pensión, materia orgánica, nitratos y fosfatos- que se registraron en la costa, 209.015 se vertieron de forma irregular, una responsabilidad que recae directamente sobre los ayuntamientos.

Pese a que el dato de vertidos sin autorización sigue siendo alto, para la Consejería es un avance en términos generales, ya que en 2005 el nivel era del 46%, aunque hay provincias en las que aún queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, Cádiz está a la cabeza en los vertidos urbanos sin control, con un volumen de 116.964 unidades de contaminación, frente a las 35.199 que sí tiene autorizadas. Este dato arroja una tasa del 75% de vertidos sin autorizar, que dista mucho del resto de provincias, ya que la siguiente en vertidos desautorizados es Huelva con sólo un 30%, mientras Almería, Málaga y Sevilla están por debajo del 25% y Granada bate el récord al tener todos sus vertidos autorizados.

En la evolución por provincias, la Consejería no detecta variaciones importantes, salvo la disminución en Granada y Sevilla y el aumento en Málaga y Almería, justificado en la carga de población estacional que soportan, sobre todo, en el periodo estival, y que está muy por encima de la capacidad real de sus depuradoras.

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