Los productores de energía solar están profundamente decepcionados con Miguel Sebastián, y empiezan a buscar otras vías para defender sus intereses. La decisión del Ministerio de Industria de rebajar en un 35% las primas a la energía solar supone, según advierte la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), echar el candado a un sector todavía incipiente, y su presidente, Juan Laso, se plantea una ofensiva a la desesperada en los Ministerios de Medio Ambiente, Economía e I+D para intentar que la nueva normativa no entre en vigor.

“Necesitamos que nos abran otras puertas”, aseguró Laso. Aunque la pretensión parece llegar un poco tarde. El Real Decreto, enviado ya por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía, debería entrar en vigor en septiembre. La propuesta contempla una subvención de 33 céntimos por kilovatio en el caso de paneles solares en tejado y de 29 céntimos para los huertos solares en tierra, frente a los 45 céntimos actuales para ambos casos. Más penoso resulta para el sector, explica Laso, la fijación de un tope de potencia de generación de 300 megavatios, cuando sólo este año se habrían generado 600.

“Lo que no tiene sentido es que hace años se impulsara un sector que genera empleo, que es intensivo en I+D, que reduce la dependencia energética exterior y que ha atraído importantes flujos de inversión extranjera, justo lo que necesita ahora la economía, y que ahora se deje morir sin más. No es lógico, y sólo para reducir el déficit tarifario”, lamenta Laso. Para la AEF, el hecho de que haya sido Pedro Marín, el secretario general de Energía, el que se haya encargado de la negociación no sólo obvia el importante carácter industrial que ha adquirido la producción de energía solar, sino que ha centrado el debate en el problema del llamado déficit de tarifa de las eléctricas (la diferencia negativa entre el precio que les cuesta producir la energía y el precio al que la cobran), al que contribuye la subvención a la fotovoltaica. Las eléctricas están obligadas a comprar la energía solar generada a un precio bonificado.

Respecto a este segundo punto, La AEF –que incluye a las principales compañías del sector, como Bergé Generación, Isofotón, Siliken o T-Solar, entre otras- ha echado sus cuentas. Estima que, aunque entre 2008 y 2015 el coste de la tarifa fotovoltaica alcanzará los 13.500 millones de euros, el sector devolverá indirectamente a través de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones a la Seguridad Social unos 11.900 millones. A los que habría que sumar el ahorro en gas natural para la generación eléctrica (2.200 millones) y el ahorro en emisiones de dióxido de carbono (400 millones). Un escenario que arroja una contribución positiva al sistema de 1.000 millones de euros a un nivel de generación de 800 megavatios al año.

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