Lo dicen la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que aseguran que las medidas avanzadas a las asociaciones fotovoltaicas por el ministerio de Miguel Sebastián “contradicen los compromisos gubernamentales de apoyo a las energías renovables” y van a traducirse en pérdidas de inversión por valor de 4.000 millones de euros.

“Las empresas afrontan pérdidas por 450 millones de euros y el sector pierde inversiones cercanas a los 4.000 millones”. El mensaje no puede ser más explícito: la industria solar fotovoltaica española, aseguran APPA y ASIF en un comunicado conjunto hecho público hace un par de horas, “no podrá mantener su liderazgo mundial”.

Según APPA y ASIF, la Secretaría General de Energía ha transmitido a las asociaciones empresariales del sector fotovoltaico español una serie de propuestas que, de materializarse en un Real Decreto, abocarían a la práctica paralización del sector. Con esas propuestas, añaden, “quedan en entredicho los compromisos del Gobierno socialista de apoyo al sector de las energías renovables”.

APPA y ASIF, señala el comunicado, “conscientes de que la fotovoltaica atraviesa un período especial y que debe volver a crecer de un modo sostenible y sostenido”, han presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) una “propuesta de mínimos” para permitir la continuidad del sector fotovoltaico nacional, amenazado por la caducidad, el próximo mes de septiembre, del régimen retributivo del Real Decreto 661/2007.

Las dos asociaciones, que desde hace meses vienen manteniendo reuniones con el MITyC, plantean “moderar el crecimiento actual del sector y situar el objetivo de potencia a instalar a partir del próximo mes de septiembre en un mínimo de 600 MW, frente a los 1.000 MW que se van a instalar entre enero y septiembre de este año, según los datos de la Comisión Nacional de Energía”.

Ese volumen mínimo –repartido entre 480 MW para nuevas instalaciones y 120 MW para acoger a las que, en construcción, no consigan acogerse al régimen del RD 661/07– ya implica, aseguran ambas asociaciones, un “fortísimo ajuste”, pero mantendría un “nivel básico de inversión, capaz de poner en valor las infraestructuras industriales ya comprometidas y en ejecución, y de no perder miles de puestos de trabajo altamente cualificados”.

El MITyC, sin embargo, mantiene por el contrario, añade el comunicado, la idea de fijar en 300 MW el tope de instalación de potencia. Además, señalan las asociaciones, tampoco ha despejado el horizonte de la fotovoltaica para el tercer cuatrimestre de 2008, “en el que ya se vislumbra la parálisis total del mercado nacional”, puesto que todas aquellas instalaciones que se conecten en ese período recibirán el precio medio del mercado eléctrico, una cantidad absolutamente insuficiente para rentabilizarlas.

Según “estimaciones conservadoras” de ASIF y APPA, esta parálisis tendrá un impacto directo en las cuentas de las empresas de unos 450 millones de euros y de casi 4.000 millones más en inversiones no materializadas.

Las dos asociaciones aseguran que esta fuente de energía renovable será rentable, sin ayudas, antes de 2015, gracias a la rapidez con que descienden los costes de los sistemas solares –mayor aún de la prevista hace apenas unos meses– y de la vertiginosa ascensión de los precios de la energía en general.

Eso sí, según los fotovoltaicos, es imprescindible que “el pujante tejido empresarial del sector conserve la confianza inversora” y disponga de un volumen de mercado que le permita mantener un fuerte ritmo de reducción de tarifas, “que puede ser hasta del 10% anual”, proponen.